España y
la Política
Regional
Comunitaria
9.1.
Orientaciones y perspectivas en España
9.1.1. Etapa
1986-1993:
Cuando España y Portugal entraron en
la Comunidad se dieron dos circunstancias distintas a las actuales:
- 1. En aquella ocasión, a
Francia, Italia y Grecia, países cuya agricultura
pudiera haber sufrido las
consecuencias de la ampliación, se les otorgaron
unos programas ad hoc, los PIMS
(Programas Integrados Mediterráneos),
muy bien dotados
financieramente.
- 2. España y Portugal no tuvieron
ningún instrumento de preadhesion a cargo
de las arcas comunitarias, como
los que tienen los países candidatos con el
ISPA, SAPARD, etc., e incluso
antes con PHARE.
Con la entrada de los dos países
ibéricos, se cofinanciaban infraestructuras, pero en el
año 1987 se comienza a actuar por
programas.
Hasta el año 1994, en que entra en
vigor el MCA 1994-1999, las actuaciones han estado dirigidas
mayoritariamente hacia las infraestructuras.
Esta prioridad ha estado basada en
las siguientes consideraciones:
- La existencia de una carencia en
las dotaciones en infraestructuras, difícilmente cuantificable,
especialmente en cuanto a su relación con la actividad económica,
pero unánimemente aceptada.
- La situación de perificidad
respecto del centro de Europa.
- La existencia de una serie de
grandes planes de infraestructuras a nivel nacional, con la
consiguiente generación de expectativas públicas.
- Un gran stock de proyectos que
permitía una velocidad de gasto adecuada al nuevo flujo financiero,
sin plantear problemas ni de gestión ni de absorción.
- La consideración mayoritaria
de beneficiario de los fondos estructurales por parte de las
autoridades públicas.
- Una cierta política subyacente
de que las subvenciones a la inversión productiva no resultaban
convenientes.
Este planteamiento se puede también
constatar a través de las opiniones empresariales.
* 9.1.2. Etapa 1994-1999 :
Las infraestructuras resultaban
prioritarias desde las siguientes consideraciones:
- La constatación de que la
sola inversión en infraestructuras no es una garantía para
desarrollo.
- Que determinados déficit
infraestructurales han podido ser superados y ya no se puede afirmar
rotundamente que supongan estrangulamientos para el desarrollo, como
es el caso de la accesibilidad interna, mientras que no parece poder
afirmarse lo mismo de otros factores, como la formación profesional,
la adecuación del sistema universitario o el esfuerzo tecnológico.
- El relativo cambio de
tendencia respecto de los factores que determinan la competitividad.
- La certeza de que la solución
de la perificidad no puede venir exclusivamente por la realización
de costosas infraestructuras físicas.
- El relativo agotamiento de las
planificaciones nacionales y del stock de proyectos.
- La mayor visibilidad pública
de la actuación de los Fondos Estructurales y en consecuencia, la
entrada en escena de otros actores.
- El relativo cambio de tendencia
en cuanto al apoyo a la actividad productiva.
- La influencia de la idea de
desarrollo sostenible que recomienda una evaluación más rigurosa de
la realización de infraestructuras y un análisis previo sobre las
posibilidades de una mayor racionalización de los recursos o
infraestructuras existentes.
Estos factores, han llevado a un
cambio de orientación como se refleja en el MCA.
El MCA España Objetivo1 agrupa todas
sus actuaciones en cuatro grandes objetivos globales:
1. Apoyo a la actividad productiva
2. Medio ambiente y calidad de
vida
3. Integración y articulación
territorial
4. Agua y energía
Entendemos que esta clasificación y
los porcentajes de recursos financieros asignados, responden
a la nueva orientación estratégica,
además de las ya mencionadas, por las siguientes razones:
- Engloba bajo el objetivo
integral de apoyo a la actividad productiva no sólo las actuaciones
más intrínsecamente ligadas a este objetivo, como las ayudas a la
inversión, sino también aquellas inversiones que ayudan a mejorar
los recursos tecnológicos, como la I+D, que en otras clasificacio-
nes más simplistas podrían
aparecer recogidas en un amplio epígrafe infraestructural.
- Establece un objetivo global de
medio ambiente y calidad de vida con el que se pretende identificar
no solamente aquellas acciones que tienden a tal objetivo como la
salud o las actuaciones medioambientales, sino que tales acciones al
propiciar una mejora del entorno son también un factor importante
para atraer y generar la implantación de nuevas actividades
económicas. Es decir, se pretende resolver el estrangulamiento que
puedan suponer las carencias medioambientales y transformar el medio
ambiente en una potencialidad.
- Refleja en un epígrafe
específico las infraestructuras de transportes y comunicaciones que,
como ya se ha adelantado, reciben un porcentaje significativamente
inferior respecto de actuaciones precedentes.
- Establece también una categoría
independiente para el agua y la energía por la propia especificidad
de ambos tipos de inversiones.
9.1.3. Etapa 2000-2006.
Este período es muy importante por
la gran cantidad de recursos recibidos, 48.000 millones de euros de
saldo neto, que han de servido a España para dar un fuerte impulso a
la convergencia real de su economía y de la de sus regiones con los
estándares comunitarios. Ese objetivo –como explica el libro “Las
acciones estructurales en España y sus CCAA. Período 2000-2006”–
no se podrá lograr sin una adecuada programación de los recursos a
partir de estrategias bien definidas y sin una gestion y control
óptimos de su aplicación concreta.
España es el principal
beneficiario de la política de la cohesión en este período (tanto
de Fondos
Estructurales como del Fondo de
Cohesión). Los Fondos Estructurales a aplicar evirtud Objetivo n.o 1
en las regiones españolas menos desarrolladas (38.096 millones de
euros de 1999) representa cerca del 85% del total de los Fondos
Estructurales asignados a España para el conjunto del período
2000-2006.
Los recursos correspondientes al Fondo
de Cohesión (11.160 millones de euros de 1999) se incrementaron en
un 10,4%, pasando España a absorber un 62% del montante total del
mismo que se aplica entre los beneficiarios de los quince en estos
seis años.
Las prioridades estratégicas a
las que se están asignando los Fondos Estructurales se han ajustado
más estrechamente que en el período anterior a las grandes
prioridades establecidas a nivel comunitario(creación de empleo,
apoyo a las pymes, I+D+I y desarrollo de la sociedad y redes de la
información, medio ambiente, igualdad de oportunidades y redes de
transportes transeuropeas).
Dicha programación ha sido
realizada a partir de una estrecha concertación entre la Comisión
Europea y el Estado español. La
participación de los Gobiernos de las CCAA, interesadas en cada
uno de los objetivos y finalidades
de los fondos, ha sido muy intensa en todas y cada una de las fases
de programación. Las regiones han negociado, directamente con los
servicios de la Comisión Europea, las prioridades a las que se
aplicarán los recursos que gestionarán para cofinanciar las
políticas de gasto que realizan en virtud de las competencias que
les han sido transferidas. De la misma forma, los principales agentes
económicos y sociales han sido consultados en las tareas de
programación a través de los Consejos Económico y Social, nacional
y regionales, y de sus organizaciones más representativas.
Las administraciones
territoriales (de CCAA, municipios, diputaciones, etc.) desempeñan
un papel muy importante como beneficiarios y gestores de los recursos
estructurales. Así, por ejemplo, gestionan directamente el 45,5% de
los recursos procedentes del Objetivo n.o 1 (un 37,5% las
Administraciones autonómicas y en torno a un 8% las corporaciones
locales). En el caso del Objetivo n.o 2, ese porcentaje es aún más
elevado –un 69,7%–, como consecuencia del mayor número de
competencias asumidas por algunas de las comunidades autónomas en
las que se localizan las zonas beneficiadas por este objetivo de los
Fondos Estructurales (País Vasco, Navarra y Cataluña). En lo que se
refiere al Objetivo n.o 3, las Administraciones territoriales también
gestionarán directamente un porcentaje muy significativo de recursos
(el 38% del total).
En el libro coordinado por
Laureano Lázaro también se destaca que en la aplicación del Fondo
de Cohesión, una significativa parte del mismo es gestionado
directamente por las Administraciones
territoriales y cofinancia, por lo
tanto, inversiones de su competencia en materia medioambiental.
Así, un 55,5% de los recursos del
Fondo de Cohesión que se dedicarán a medio ambiente (que
representan, a su vez, un 50% del
total de este fondo) financiarán proyectos medioambientales de
las comunidades autónomas,
ayuntamientos y diputaciones. La mayor operación de solidaridad de
la historia
