España y la Política

España y la Política

Regional Comunitaria

9.1. Orientaciones y perspectivas en España

9.1.1. Etapa 1986-1993:

Cuando España y Portugal entraron en la Comunidad se dieron dos circunstancias distintas a las actuales:

- 1. En aquella ocasión, a Francia, Italia y Grecia, países cuya agricultura

pudiera haber sufrido las consecuencias de la ampliación, se les otorgaron

unos programas ad hoc, los PIMS (Programas Integrados Mediterráneos),

muy bien dotados financieramente.

- 2. España y Portugal no tuvieron ningún instrumento de preadhesion a cargo

de las arcas comunitarias, como los que tienen los países candidatos con el

ISPA, SAPARD, etc., e incluso antes con PHARE.

Con la entrada de los dos países ibéricos, se cofinanciaban infraestructuras, pero en el

año 1987 se comienza a actuar por programas.

Hasta el año 1994, en que entra en vigor el MCA 1994-1999, las actuaciones han estado dirigidas mayoritariamente hacia las infraestructuras.

Esta prioridad ha estado basada en las siguientes consideraciones:

- La existencia de una carencia en las dotaciones en infraestructuras, difícilmente cuantificable, especialmente en cuanto a su relación con la actividad económica, pero unánimemente aceptada.

- La situación de perificidad respecto del centro de Europa.

- La existencia de una serie de grandes planes de infraestructuras a nivel nacional, con la consiguiente generación de expectativas públicas.

- Un gran stock de proyectos que permitía una velocidad de gasto adecuada al nuevo flujo financiero, sin plantear problemas ni de gestión ni de absorción.

- La consideración mayoritaria de beneficiario de los fondos estructurales por parte de las autoridades públicas.

- Una cierta política subyacente de que las subvenciones a la inversión productiva no resultaban convenientes.

Este planteamiento se puede también constatar a través de las opiniones empresariales.

* 9.1.2. Etapa 1994-1999 :

Las infraestructuras resultaban prioritarias desde las siguientes consideraciones:

- La constatación de que la sola inversión en infraestructuras no es una garantía para desarrollo.

- Que determinados déficit infraestructurales han podido ser superados y ya no se puede afirmar rotundamente que supongan estrangulamientos para el desarrollo, como es el caso de la accesibilidad interna, mientras que no parece poder afirmarse lo mismo de otros factores, como la formación profesional, la adecuación del sistema universitario o el esfuerzo tecnológico.

- El relativo cambio de tendencia respecto de los factores que determinan la competitividad.

- La certeza de que la solución de la perificidad no puede venir exclusivamente por la realización de costosas infraestructuras físicas.

- El relativo agotamiento de las planificaciones nacionales y del stock de proyectos.

- La mayor visibilidad pública de la actuación de los Fondos Estructurales y en consecuencia, la

entrada en escena de otros actores.

- El relativo cambio de tendencia en cuanto al apoyo a la actividad productiva.

- La influencia de la idea de desarrollo sostenible que recomienda una evaluación más rigurosa de la realización de infraestructuras y un análisis previo sobre las posibilidades de una mayor racionalización de los recursos o infraestructuras existentes.

Estos factores, han llevado a un cambio de orientación como se refleja en el MCA.

El MCA España Objetivo1 agrupa todas sus actuaciones en cuatro grandes objetivos globales:

1. Apoyo a la actividad productiva

2. Medio ambiente y calidad de vida

3. Integración y articulación territorial

4. Agua y energía

Entendemos que esta clasificación y los porcentajes de recursos financieros asignados, responden

a la nueva orientación estratégica, además de las ya mencionadas, por las siguientes razones:

- Engloba bajo el objetivo integral de apoyo a la actividad productiva no sólo las actuaciones más intrínsecamente ligadas a este objetivo, como las ayudas a la inversión, sino también aquellas inversiones que ayudan a mejorar los recursos tecnológicos, como la I+D, que en otras clasificacio-

nes más simplistas podrían aparecer recogidas en un amplio epígrafe infraestructural.

- Establece un objetivo global de medio ambiente y calidad de vida con el que se pretende identificar no solamente aquellas acciones que tienden a tal objetivo como la salud o las actuaciones medioambientales, sino que tales acciones al propiciar una mejora del entorno son también un factor importante para atraer y generar la implantación de nuevas actividades económicas. Es decir, se pretende resolver el estrangulamiento que puedan suponer las carencias medioambientales y transformar el medio ambiente en una potencialidad.

- Refleja en un epígrafe específico las infraestructuras de transportes y comunicaciones que, como ya se ha adelantado, reciben un porcentaje significativamente inferior respecto de actuaciones precedentes.

- Establece también una categoría independiente para el agua y la energía por la propia especificidad de ambos tipos de inversiones.

9.1.3. Etapa 2000-2006.

Este período es muy importante por la gran cantidad de recursos recibidos, 48.000 millones de euros de saldo neto, que han de servido a España para dar un fuerte impulso a la convergencia real de su economía y de la de sus regiones con los estándares comunitarios. Ese objetivo –como explica el libro “Las acciones estructurales en España y sus CCAA. Período 2000-2006”– no se podrá lograr sin una adecuada programación de los recursos a partir de estrategias bien definidas y sin una gestion y control óptimos de su aplicación concreta.

España es el principal beneficiario de la política de la cohesión en este período (tanto de Fondos

Estructurales como del Fondo de Cohesión). Los Fondos Estructurales a aplicar evirtud Objetivo n.o 1 en las regiones españolas menos desarrolladas (38.096 millones de euros de 1999) representa cerca del 85% del total de los Fondos Estructurales asignados a España para el conjunto del período 2000-2006.

Los recursos correspondientes al Fondo de Cohesión (11.160 millones de euros de 1999) se incrementaron en un 10,4%, pasando España a absorber un 62% del montante total del mismo que se aplica entre los beneficiarios de los quince en estos seis años.

Las prioridades estratégicas a las que se están asignando los Fondos Estructurales se han ajustado más estrechamente que en el período anterior a las grandes prioridades establecidas a nivel comunitario(creación de empleo, apoyo a las pymes, I+D+I y desarrollo de la sociedad y redes de la información, medio ambiente, igualdad de oportunidades y redes de transportes transeuropeas).

Dicha programación ha sido realizada a partir de una estrecha concertación entre la Comisión

Europea y el Estado español. La participación de los Gobiernos de las CCAA, interesadas en cada

uno de los objetivos y finalidades de los fondos, ha sido muy intensa en todas y cada una de las fases de programación. Las regiones han negociado, directamente con los servicios de la Comisión Europea, las prioridades a las que se aplicarán los recursos que gestionarán para cofinanciar las políticas de gasto que realizan en virtud de las competencias que les han sido transferidas. De la misma forma, los principales agentes económicos y sociales han sido consultados en las tareas de programación a través de los Consejos Económico y Social, nacional y regionales, y de sus organizaciones más representativas.

Las administraciones territoriales (de CCAA, municipios, diputaciones, etc.) desempeñan un papel muy importante como beneficiarios y gestores de los recursos estructurales. Así, por ejemplo, gestionan directamente el 45,5% de los recursos procedentes del Objetivo n.o 1 (un 37,5% las Administraciones autonómicas y en torno a un 8% las corporaciones locales). En el caso del Objetivo n.o 2, ese porcentaje es aún más elevado –un 69,7%–, como consecuencia del mayor número de competencias asumidas por algunas de las comunidades autónomas en las que se localizan las zonas beneficiadas por este objetivo de los Fondos Estructurales (País Vasco, Navarra y Cataluña). En lo que se refiere al Objetivo n.o 3, las Administraciones territoriales también gestionarán directamente un porcentaje muy significativo de recursos (el 38% del total).

En el libro coordinado por Laureano Lázaro también se destaca que en la aplicación del Fondo de Cohesión, una significativa parte del mismo es gestionado directamente por las Administraciones

territoriales y cofinancia, por lo tanto, inversiones de su competencia en materia medioambiental.

Así, un 55,5% de los recursos del Fondo de Cohesión que se dedicarán a medio ambiente (que

representan, a su vez, un 50% del total de este fondo) financiarán proyectos medioambientales de

las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. La mayor operación de solidaridad de la historia